La Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, es la institución del Estado que tiene como misión velar por el derecho de la ciudadanía a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.

La Ley de Bases Generales del Medio Ambiente establece como responsabilidad de CONAMA, actuar como un servicio de consulta, análisis, comunicación y coordinación en materias relacionadas con el medio ambiente. Además debe proponer al Presidente de la República, políticas para la gestión ambiental e informar sobre el cumplimiento de la legislación vigente, además es el órgano encargado de:

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106(VI) del Consejo Económico y Social, del 25 de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo año. En su resolución 1984/67, del 27 de julio de 1984, el Consejo decidió que la Comisión pasara a llamarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social.

La CEPAL tiene dos sedes subregionales, una para la subregión de América Central, ubicada en México, D.F. y la otra para la subregión del Caribe, situada en Puerto España, que se establecieron en junio de 1951 y en diciembre de 1966, respectivamente. Además, tiene oficinas nacionales en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Bogotá y una oficina de enlace en Washington, D.C.

Promover el desarrollo del país con integración y protección social de las personas, articulando acciones con las autoridades políticas, órganos del Estado y sociedad civil, a nivel nacional, regional y local, mediante:

• el análisis, diseño, coordinación, ejecución y evaluación de políticas sociales, planes y programas;

• la evaluación de las iniciativas de inversión pública;

• la provisión de información acerca de la realidad social y económica.

• la elaboración de instrumentos y metodologías para la toma de decisiones de políticas públicas.

Objetivos estratégicos:

1. Liderar el diseño de un sistema de protección social que garantice el acceso a un conjunto de prestaciones y beneficios del Estado a las personas en situación de riesgo o vulnerabilidad social, mediante la articulación de los distintos actores sociales y políticos involucrados.

2. Diseñar, coordinar, gestionar y evaluar políticas, sistemas, planes y programas, para el desarrollo e integración social.

3. Asegurar la pertinencia política y la rentabilidad económica social de la inversión pública, mediante la evaluación de las iniciativas de inversión, la administración y el perfeccionamiento permanente del Sistema Nacional de Inversiones

4. Elaborar y proveer información de caracterización socioeconómica y territorial, metodologías y asistencia técnica para la toma de decisiones de las Autoridades Políticas, Órganos del Estado y la Sociedad Civil, mediante la realización de encuestas socioeconómicas periódicas, estudios específicos, levantamiento de información territorial, asesoría y capacitación.

5. Mejorar la gestión institucional mediante el diseño e implementación de un modelo de gestión de calidad, que considere la optimización de procesos, el uso de tecnologías de información y comunicación, una gestión eficiente y transparente de los recursos financieros y materiales, valorando el aporte de las personas.

La creación del ministerio comienza a gestarse en la década de los sesenta, durante el Gobierno don Eduardo Frei Montalva (1964 a 1970), a raíz de la necesidad de contar con un organismo que planifique a nivel nacional.

Durante los dos primeros años de esa administración, funciona como una Oficina de Planificación inserta en la Corfo, sin reconocimiento jurídico y dependiente de la Presidencia de la República.

Recién el año 1967, en virtud de la Ley Nº 16.635 -publicada en el Diario Oficial el 14 de julio de ese año- se crea la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan), como un organismo de servicio público descentralizado. Cuenta con patrimonio propio y tiene dependencia directa del Presidente de la República, relacionándose para efectos administrativos a través del Ministerio del Interior.

Bajo su alero y en los lugares que determine su director, se dispone la creación de Oficinas Regionales de Planificación. En 1974 dichas oficinas cambian de nombre, en virtud del Decreto Ley Nº 573 (M. del Int., 1974) cuyo artículo 9º establece que "habrá una Secretaría Regional de Planificación y Coordinación, integrada al sistema nacional de planificación, la que servirá de organismo asesor y de secretaría técnica del Intendente Regional y del Consejo Regional de Desarrollo, con las facultades y deberes que señale la ley".